El Equipo de Gobierno vuelve a faltar a la verdad al anunciar en la página web municipal la suspensión de la ordenanza reguladora de paisaje urbano.

El Concejal de Comercio rechaza la enmienda presentada por Ciudadanos, y el Pleno aprueba por unanimidad suspender la aplicación de la ordenanza para la instalación de tarimas, pero el tripartito no admite ampliarlo al resto de elementos de las terrazas (mesas, sillas, sombrillas, toldos, mamparas o jardineras), que sí deberán adaptarse a la ordenanza.

La aplicación de la ordenanza de protección del paisaje urbano, que afecta a las terrazas de los establecimientos, sigue trayendo cola. El pasado mes de noviembre Ciudadanos y Partido Popular llevaron al Pleno una propuesta conjunta para aplazar la aplicación de esta ordenanza en cuanto a la adaptación del mobiliario de las terrazas hasta, en principio, el 31 de marzo de 2021, solicitando también que en el pleno de ese mes de marzo de 2021 se estudiara prorrogarlo. Ante las numerosas peticiones de los afectados, ambos grupos municipales entendían que el Ayuntamiento estaba obligado a dejar en suspenso esa obligatoriedad de adaptación del mobiliario a la nueva ordenanza. La propuesta fue votada en contra por Andreu Verdú y su equipo de gobierno y, por tanto, no salió adelante.

Sin embargo, cuatro meses después el Concejal de Comercio Josep Castiñeira ha tenido que dar un pasito atrás, y ha llevado al pleno (celebrado ayer día 18) una propuesta sobre este mismo asunto, planteando suspender únicamente el artículo 15.3 de la ordenanza, que afecta a la instalación de tarimas. Y desde Ciudadanos se ha entendido que esta propuesta era claramente, insuficiente, por lo que se ha planteado una enmienda a la moción presentada por Josep Castiñeira, proponiendo que la suspensión de la ordenanza se ampliara a los restantes elementos de las terrazas como son las mesas, sillas, sombrillas, toldos, mamparas, paravientos y jardineras. Porque, en la actual situación, es imperioso y obligatorio eximir a nuestros hosteleros y comerciantes del gasto que supone la renovación del mobiliario de sus terrazas.

Sin embargo, la enmienda no ha sido aceptada y, finalmente, sólo se suspende la aplicación de la ordenanza para las tarimas. Por tanto, los establecimientos están obligados a renovar el mobiliario de sus terrazas si no cumplen con las condiciones fijadas por la ordenanza. En todo caso, por supuesto Ciudadanos ha votado a favor de la propuesta, porque al menos se ha suspendido la obligación para las tarimas.

Pero lo mejor estaba aún por llegar. Nuevamente el Equipo de Gobierno vilero ha utilizado la página web del Ayuntamiento para anunciar la suspensión de la ordenanza, afirmación falsa porque, como hemos dicho, lo único que se ha suspendido hasta el 31/12/2021 es el artículo que obliga a la instalación de tarimas.

 

Ciudadanos planteará en el Pleno una enmienda para que la suspensión de la ordenanza reguladora de paisaje urbano, anunciada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento, se extienda a todos los elementos de las terrazas.

La propuesta presentada por la Concejalía no afecta a todos los elementos de las terrazas, sino solamente a la instalación de tarimas, por lo que el resto de elementos como mesas, sillas, sombrillas, toldos o mamparas sí que deberían adaptarse ahora a la ordenanza.

 Un año ya de pandemia y de crisis económica en el que Ciudadanos ha aportado un sinfín de iniciativas al pleno municipal para intentar ayudar a los sectores más afectados, propuestas que en su inmensa mayoría el Equipo de Gobierno vilero PSOE-Gent Per La Vila-Compromís no ha tenido en cuenta. Medidas como, como por ejemplo, el retraso de los períodos voluntarios de pago de impuestos, la modificación de ordenanzas fiscales para introducir exenciones y bonificaciones, la rebaja de sueldos de los concejales para destinar el dinero a ayudas o la suspensión de la aplicación de la ordenanza que afecta a las terrazas de los establecimientos han sido desestimadas.

En este asunto de las terrazas de los establecimientos comerciales y de hostelería, el pasado mes de noviembre Ciudadanos y Partido Popular llevaron al Pleno una propuesta conjunta para aplazar la aplicación de la ordenanza de protección del paisaje urbano en cuanto a la adaptación del mobiliario de las terrazas hasta, en principio, el 31 de marzo de 2021, solicitando también que en el pleno de ese mes de marzo de 2021 se estudiara prorrogarlo. Ante las numerosas peticiones de los afectados, ambos grupos municipales entendían que el Ayuntamiento estaba obligado a dejar en suspenso esa obligatoriedad de adaptación del mobiliario a la nueva ordenanza hasta el momento en que pudieran tramitarse las ayudas municipales a los establecimientos para el mobiliario, lo que, por cierto, no ha sucedido hasta la fecha. Andreu Verdú y su gobierno votaron en contra de la propuesta, por lo que fue desestimada.

Ahora, tres meses después, según la noticia publicada la Concejalía de Comercio, que ostenta Compromís a través del concejal Josep Castiñeira, anuncia que prorrogará hasta el próximo año la adecuación de terrazas a la ordenanza de estética urbana de la Vila. Y la noticia es falsa, porque la propuesta que el concejal ha planteado es la de la suspensión de únicamente el artículo que trata de la obligatoriedad de instalación de tarimas, no del resto de elementos de las terrazas como mesas, sillas, sombrillas, toldos o mamparas, que también deberán adaptarse al texto de la ordenanza.

Ciudadanos está a favor de la propuesta presentada por el Concejal de Comercio, pero va más allá, y plantea la suspensión de la ordenanza para todos los elementos que puedan instalarse en las terrazas. De ahí que en el próximo Pleno anuncia la presentación de una enmienda a la propuesta planteada por Josep Castiñeira para que también se suspenda la adaptación del resto de elementos del mobiliario.

 

Otra propuesta de Ciudadanos que se debatirá en el Pleno de febrero: la puesta en marcha de un bono para la reactivación del consumo en los sectores comercial y de hostelería y restauración vileros.

Esta medida, en marcha ya en la Comunidad Valenciana para el sector turístico, es perfectamente aplicable a esos sectores económicos estratégicos tan golpeados por las medidas restrictivas decretadas por la pandemia, y ha evidenciado su eficacia con éxito en numerosas ciudades de nuestro país.

El pasado 9 de enero la Conselleria de Sanidad publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana una nueva resolución de medidas preventivas excepcionales como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Entre esas medidas se declaró el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración a las 17 horas, circunstancia que mermaba, más si cabe, la difícil situación por la que atravesaba este sector desde la declaración de emergencia sanitaria. Porque no podemos olvidar que estos establecimientos fueron los primeros en bajar sus persianas y que, desde el mes de junio, han sido los que han sufrido las medidas más restrictivas, limitando, considerablemente, su capacidad económica.

Pero, además, diez días más tarde se estableció el cierre de la hostelería y de la restauración, a través de una nueva Resolución de la Conselleria de Sanidad (de 19 de enero) por la que se establecían medidas adicionales excepcionales en el ámbito de nuestra Comunidad como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Hay que recordar también que las ayudas económicas que ha recibido este sector de forma directa han sido insuficientes para el mantenimiento de sus negocios, lo que, unido a la suspensión de muchas de las festividades claves en el conjunto de nuestro territorio, y a que la actividad turística ha batido récords de mínimos de ocupación en la Comunidad respecto a años anteriores, ha situado a sectores como la hostelería, la restauración y el comercio minorista de algunos productos en una posición muy comprometida para la supervivencia de un importante porcentaje de estos establecimientos. Así, el 30% de ellos ya han declarado el cierre de sus negocios y, de seguir en esta situación, se podría alcanzar hasta el 50% del conjunto de la hostelería y restauración en la Comunidad Valenciana.

Es evidente que las Administraciones Públicas son responsables de mantener nuestra economía y, especialmente, de sustentar aquellos sectores más comprometidos económicamente por los efectos de las medidas que se adoptan en la lucha contra la COVID-19. Las medidas de ayudas, aunque complejas, deben emerger de las Administraciones y, a nivel autonómico, la Comunidad Valenciana, en conjunción con el sector, han comenzado a aplicar los denominados “bonos turísticos”, que ha tenido una acogida muy positiva por parte de la ciudadanía y del sector y que, durante el 2021, además de ampliarse, se aplicarán también al sector del pequeño comercio y la artesanía. Como vemos, esta medida de los “bonos” es perfectamente moldeable para su aplicación a otros sectores económicos estratégicos en la Comunidad, como podría ser el caso de la hostelería, la restauración y determinado espectro del sector comercial. Una medida que puede ser especialmente importante si se lleva a cabo en consonancia con la reactivación del sector turístico, y que puede suponer un beneficio recíproco para ambos sectores que se debe traducir, necesariamente, en la reactivación a medio y largo plazo de una proporción muy importante de la economía vilera.

Si nos centramos a nivel local, es el propio sector el que pide unidad de acción a la hora de acordar medidas, como sin ir más lejos hemos visto recientemente en la Vila con la manifestación convocada en pasadas fechas. Los afectados demandan bonificaciones o anulaciones de ciertos impuestos y tasas que tienen como responsable directo a las entidades locales, tributos que gravan la actividad económica, la ocupación de la vía pública para terrazas o incluso la tasa de basura, medidas que hace meses viene proponiendo el grupo municipal de Ciudadanos. Pero hay que dar un paso más, y por eso, Ciudadanos ha propuesto al Pleno de la Vila la adopción de un acuerdo para aprobar un “Bono para la Hostelería, la Restauración y el Comercio de La Vila” de cara a reactivar el consumo en los establecimientos de estos sectores, claves en la economía vilera, exigiendo al Equipo de Gobierno a impulsar la cuestión dándole la máxima prioridad dada la gravísima situación por la que atraviesan estos sectores e instando a que se tengan en cuenta las opiniones y sugerencias de sus representantes.

Ciudadanos lleva al Pleno una iniciativa para exigir a todas las formaciones políticas que asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualquier cargo público que se salte el plan de vacunación.

El goteo de políticos saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente la necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de toda España.

El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre, establece que los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización son los residentes y personal socio sanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, y el personal de primera línea en el ámbito sanitario y socio sanitario. Y que, tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y socio sanitario y personas consideradas como grandes dependientes.

El resultado exitoso de la vacunación así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación. Y en este aspecto, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería han hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de casos que estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto el personal de enfermería como los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación, y ya ha quedado demostrado que para garantizar que la vacuna llega a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas.

Con independencia de la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad, y de la necesidad de un plan de vacunación nacional urgente coordinado con todas las Comunidades Autónomas, que como hemos dicho serviría para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación, la consecución de los objetivos de la campaña de vacunación (vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario y socio-sanitario como colectivos más sensibles y expuestos) se está viendo comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación. Y esto sin duda ha sido lo que ha ocasionado que se hayan producido comportamientos políticos muy graves, como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes (de distintos colores políticos) y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la Covid-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad.

No se trata solamente de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus (o enfermos crónicos y colectivos de riesgo) que se encuentran sin salir de sus casas por miedo al contagio, mientras esperan su turno para ser vacunados. o que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación. Todo ello provoca una enorme indignación y malestar en la ciudadanía, que observa como este tipo de prácticas irresponsables atrasa el proceso de vacunación, y por eso Ciudadanos ha presentado para su debate en el Pleno del mes de febrero una propuesta para que la Corporación en Pleno del Ayuntamiento manifiesta la necesidad de que tanto los miembros del Equipo de Gobierno como los miembros de los restantes grupos políticos municipales con presencia institucional en el consistorio asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sean representantes electos o de libre designación, que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas su dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles.